OIM, ACNUR y la Unión Europea en El Salvador apoyan a personas migrantes y desplazadas forzosamente durante COVID-19 y buscan prevenir su discriminación

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Unión Europea impulsan una iniciativa conjunta que busca la convivencia pacífica en la respuesta a la COVID-19 para migrantes, personas desplazadas forzosamente y otras poblaciones vulnerables en El Salvador, incluida la población indígena.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea, a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP, por sus siglas en inglés), es implementado por la OIM y ACNUR en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Como parte del proyecto, insumos de bioseguridad para prevenir la COVID-19 dirigidos a personas desplazadas forzosamente han sido canalizados a través de municipalidades e instituciones de gobierno. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo procesos de fortalecimiento comunitario para crear conciencia sobre derechos humanos, la identificación de casos de personas en riesgo de protección y las vías de derivación institucional existentes.

Durante las restricciones de movilidad por la pandemia, se mantuvo contacto con liderazgos comunitarios en zonas afectadas por la violencia a través de grupos de mensajería instantánea, con el propósito de fortalecer la comunicación con las comunidades y promover la identificación de situaciones de riesgo. Estos grupos también se utilizaron para compartir información sobre la prevención de COVID-19 y difundir información sobre derechos humanos.

“Este proyecto ha permitido ayudar a las personas desplazadas internamente en El Salvador en los momentos más difíciles de la pandemia. Estamos trabajando de manera cercana con los gobiernos locales, el gobierno central y organizaciones socias para fortalecer los mecanismos de protección para aquellas personas que huyen de la violencia en medio de los desafíos que presenta COVID-19” dijo Laura Almirall, Representante de ACNUR en El Salvador.

La iniciativa contempla la implementación de una campaña de comunicación que contribuya a generar un cambio de comportamiento positivo en comunidades de origen, tránsito y destino con el fin de prevenir y/o disminuir la discriminación y el estigma, promover el arraigo y facilitar la integración y reintegración de la población indígena migrante y potencial migrante.

La acción cuenta con el apoyo de las alcaldías municipales, además de otras instituciones y organizaciones presentes en los territorios, especialmente aquellas relacionadas al tema indígena, y las acciones se realizarán de forma participativa con el involucramiento de los actores clave de la denominada Ruta de las Flores.

“Se espera que, con la implementación de este proyecto, las comunidades y las personas tomadoras de decisión mejoren su conocimiento y comprensión sobre las particularidades de las dinámicas migratorias entre las personas indígenas retornadas y las personas indígenas potencialmente migrantes para integrarse y reintegrarse a sus lugares de residencia, especialmente en los contextos de la pandemia y post-pandemia por COVID-19”, dijo Jorge Peraza, Jefe de Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo promover la integración, la participación comunitaria, los entornos de protección de las comunidades y apoyar la respuesta sanitaria ante la COVID-19. Las acciones del proyecto se enfocan en brindar un mayor acceso a los servicios de salud y protección social, con el objetivo de aumentar la resiliencia de las poblaciones vulnerables al impacto socioeconómico de la pandemia y apoyar su recuperación.

Con la implementación de la campaña se estima que alrededor de 86,000 personas, entre potencialmente migrantes, retornadas, en tránsito, varadas y población en comunidades de llegada, tránsito, destino y retorno de personas migrantes serán beneficiadas. Asimismo, las poblaciones vulnerables incluyen poblaciones indígenas, mujeres migrantes y otros migrantes vulnerables, personas LGTBI, retornadas, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y miembros de las comunidades que los acogen y que se han visto afectados negativamente por COVID-19.