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Carlos llegó a El Salvador junto a su familia en 2009, con apenas nueve años. Huían de la violencia y las amenazas que les obligaron a abandonar su país. Comenzar de nuevo en un lugar desconocido fue un desafío. Los primeros años enfrentaron varios obstáculos. Inscribirse en la escuela o participar en actividades como la academia de fútbol, resultaba complicado por la falta de documentos.La familia acudió a la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas para iniciar su solicitud de asilo, con el acompañamiento de ACNUR y la coordinación de las autoridades nacionales. Posteriormente, el Gobierno de El Salvador los reconoció como personas refugiadas, permitiéndole a Carlos obtener la ciudadanía salvadoreña, y acceder a servicios y oportunidades, como continuar sus estudios.Hoy, Carlos y su familia viven en una comunidad de un pequeño municipio del oriente del país. Allí han tejido lazos de amistad y levantado un pequeño negocio familiar que crece de manera constante. Con su documentación en regla, ahora planean formalizarlo y seguir contribuyendo a la economía local: “Queremos devolver un poco de lo que este país nos ha dado”, dice con orgullo.Para Carlos, el reconocimiento como refugiado significó protección y la posibilidad real de reconstruir su vida. Además de acceso a derechos y servicios, la ciudadanía le ha permitido sentirse parte de la comunidad que lo recibió: “Aunque no sea tu hogar de origen, ser recibido como si fuera tuyo es algo verdaderamente admirable”, afirma.Su historia refleja cómo las soluciones duraderas fortalecen a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen. En El Salvador, estos esfuerzos se inscriben en el compromiso del país con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) y con los principios de la Declaración de Cartagena.Durante más de cuatro décadas, ACNUR ha acompañado al Estado salvadoreño y ha articulado su trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Registro Nacional de Personas Naturales, Procuraduría General de la República y otras instituciones para fortalecer el sistema se asilo y la respuesta del Estado frente al desplazamiento forzado, de forma que sea más oportuna, eficiente y centrada en las personas.