La primera vez que llegué a El Salvador tuve el privilegio de vivir uno de los momentos más esperanzadores de su historia reciente: el fin del enfrentamiento armado. Finalizaba un período trágico y doloroso para El Salvador. La firma de los Acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, no implicaba que de la noche a la mañana el país viviría un cambio repentino. Significaba la oportunidad de construir una nueva realidad democrática, la oportunidad de reestablecer el respeto por la vida, los derechos humanos y alcanzar más bienestar para todos.
Es cierto que la paz es más que la firma de un documento, pero el valor que tiene lo ocurrido hace treinta años, radica en lo que posibilitó esa firma: el punto final a un conflicto cruento que había cobrado la vida de 75,000 salvadoreños. Naciones Unidas apoyó decididamente este proceso.
Los objetivos perseguidos en el mismo fueron plasmados en el Acuerdo de Ginebra de 1990: resolver el conflicto mediante el diálogo, impulsar la democratización, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y (re)unificar a la sociedad. Estos fines requerían y requieren de esfuerzos diarios para consolidarlos con el objetivo de que la paz sea una realidad cotidiana constante. Sigue siendo fundamental contar con mecanismos que garanticen justicia, favorezcan la reconciliación de la sociedad, aseguren el derecho a una reparación integral, pongan fin a los patrones de violencia y promuevan la educación para la paz.
Treinta años más tarde, cuando tengo la fortuna de estar nuevamente trabajando en este bello país, la firma de los Acuerdos de paz es ya un acontecimiento lejano. Por ende, es tarea difícil recuperar el sentimiento nacional de ese entonces y la importancia que tuvo aquel anuncio de paz tenía para la generación de salvadoreños que vivió el conflicto.
Principalmente, persiste la necesidad de dar respuesta a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y particularmente sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. El Informe de la Comisión de la Verdad jugó un importante papel en este esfuerzo. Sin embargo, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz obstaculizó la posibilidad de verdad y justicia para las víctimas.
Aunque es tarde para muchas, es importante saldar esta deuda causada por las heridas que el conflicto ha dejado en el tejido social y en las vidas de familias enteras. La adopción de la normativa de justicia transicional pendiente y una política pública, con su respectivo presupuesto y compromiso institucional, serían el camino para finalmente responder a las legítimas demandas de las víctimas.
Especialmente para las generaciones posconflicto, la conservación de la memoria histórica es clave para avanzar en la consolidación de la paz superando las brechas y desafíos que aún quedan y marcan a la sociedad salvadoreña.
A tres décadas de la firma de los Acuerdos de paz estaremos marcando este año con actividades para subrayar la importancia de continuar afianzado la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos.