COVID-19 representa una amenaza adicional para las personas afectadas por el desplazamiento forzado

Normalmente, Ruth (Nombre cambiado por motivos de protección) pasaría sus días en la pequeña peluquería que abrió a finales del año pasado, operando la máquina recortadora con destreza y barriendo el piso cubierto de cabellos. Pero últimamente, la salvadoreña de 26 años pasa su tiempo entre brotes de cebollín, culantro y otras plantas que está cultivando en el patio de su pequeña casa de lámina en una comunidad rural de El Salvador.

Como millones de personas alrededor del mundo, Ruth está en cuarentena con su familia desde que El Salvador impuso la obligación de quedarse en casa a nivel nacional el 21 de marzo de 2020, con el fin de frenar la expansión de COVID-19.

Aunque su situación puede parecer familiar, en El Salvador, la cuarentena está provocando repercusiones que no se viven en otros lugares del mundo.  Aquí, órdenes estrictas de quedarse en casa significa que personas que viven bajo la violenta opresión de las pandillas, difícilmente puedan huir.

Muchas ya han huido hacia otros países. Otras han buscado un lugar seguro dentro de las fronteras del pequeño país centroamericano. El Salvador contabiliza 71.500 personas desplazadas internamente entre 2006 y 2016 debido a la violencia, amenazas y extorsión de las pandillas. Pero ahora, en plena pandemia, huir no es opción.

“Nosotros no podíamos salir tranquilos”

“No nos dejarían trasladarnos porque no está permitido salir de casa por la pandemia”, dice Ruth, explicando el dilema que enfrentan las personas víctimas de la violencia de los grupos criminales.

Ruth sabe de lo que habla. Ha sido víctima de acoso por parte de un pandillero que quería que fuera su “novia.” Cuando Ruth no respondió a sus avances, el pandillero comenzó a hostigarla, y también al hijo de su esposo. La familia comenzó a vivir con miedo.

“Prácticamente nosotros no podíamos salir tranquilos”, dice Ruth. Como muchos otros salvadoreños en situaciones parecidas, el hijo del esposo de Ruth acabó huyendo a otra comunidad, en busca de seguridad.

Ruth y su esposo pensaban hacer lo mismo. Pero gracias al apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Plan Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, ella y otras personas han establecido una red de protección comunitaria para monitorear riesgos y prevenir la violencia que los podría obligar a desplazarse. En caso de ser víctimas de violencia los miembros de la red saben a dónde acudir.

Para mitigar el impacto humanitario del desplazamiento forzado y la violencia Ruth y decenas de otras personas han recibido capacitaciones y capital semilla para desarrollar proyectos de negocios, como la peluquería.

El pequeño negocio de Ruth generaba ingresos estables de unos 50 dólares estadounidenses a la semana – lo suficiente para sostener a la familia.

Pero con el confinamiento, han tenido que cerrar la peluquería, y el impacto a las finanzas familiares ha sido devastador.

“Esos eran los ingresos que teníamos. Es difícil porque, antes de la cuarentena, con lo poquito que sacábamos podíamos comprar maíz o arroz”, dice Ruth.

Además de poner comida en la mesa, también le preocupa el alquiler y lo que pudiera pasar con la peluquería. Se pregunta hasta dónde llegará la paciencia de su arrendador si siguen sin ingresos para poder pagarle la mensualidad. Y también teme que la pandilla pueda aprovechar la coyuntura para robar o invadir a la peluquería.

“Es difícil no poder salir”, dice. “Se siente uno desesperado… con miedo de que asalten el negocio, que se lleven las cosas”, dice Ruth.

Por el momento, la familia ha tratado de mantenerse ocupada para reducir el estrés. Su esposo toca la guitarra y compone canciones, y ella comenzó a cultivar un pequeño jardín. El hijo de su esposo ha regresado junto a la familia para pasar la cuarentena, pero se mantiene alerta a los riesgos que hicieron que tuviera que desplazarse.

“Antes de la cuarentena, con lo poquito que sacábamos podíamos comprar maíz o arroz”

“La pandemia por COVID-19, además de ser un desafío enorme de salud pública, representa un reto humanitario sin precedentes”, dijo Elisa Carlaccini, jefa de la Oficina del ACNUR en El Salvador. “Las personas desplazadas internamente y en riesgo están perdiendo sus medios de vida. Los trabajos que realizan son particularmente frágiles a los efectos de la crisis, lo que los hace vulnerables a más violencia y abuso”.

ACNUR se mantiene en constante comunicación con líderes y lideresas comunitarias en El Salvador a través de grupos de mensajería instantánea y otras plataformas digitales, para monitorear las condiciones de seguridad, prestando atención especial a los miembros de grupos especialmente vulnerables, como las personas LGBTI. Por estos medios también se ha distribuido información sobre la prevención del COVID-19 y los detalles de contacto de organizaciones a las cuales las personas pueden pedir apoyo en casos de violencia o persecución.

Además, para apoyar a familias como la de Ruth durante esta emergencia, ACNUR y sus socios están entregando, de manera progresiva, apoyo económico para la compra de alimentos y artículos de higiene.

El impacto de la pandemia tiene el potencial de retrasar avances que se han logrado en materia de protección y soluciones para los desplazados internos. ACNUR sigue apoyando los esfuerzos de los Estados para abordar las necesidades de personas desplazadas internas y comunidades en riesgo por la violencia, en línea con compromisos hechos a través del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica, MIRPS.